Hasta 30 años de prisión podrían enfrentar quienes provoquen daños graves, extensos o irreversibles al medio ambiente, de aprobarse una iniciativa presentada por la diputada federal por Coahuila, Verónica Martínez García, para tipificar el ecocidio en el Código Penal Federal.
La propuesta plantea adicionar el artículo 416 Bis para establecer como delito las conductas realizadas de manera dolosa, ya sea por acción u omisión, que ocasionen afectaciones graves a los ecosistemas, la biodiversidad o los servicios ambientales.
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De acuerdo con la iniciativa, las sanciones contemplarían entre 15 y 30 años de prisión, además de multas de 5 mil a 50 mil días y la obligación de reparar integralmente el daño ambiental ocasionado.
La propuesta también considera incrementar las penas hasta en una mitad cuando el ecocidio ocurra dentro de áreas naturales protegidas, sitios Ramsar o reservas de la biosfera; cuando se afecten especies en peligro de extinción, se comprometa el suministro de agua para consumo humano o el delito sea cometido por servidores públicos.
Martínez García argumentó que el derecho a un medio ambiente sano está reconocido en el artículo 4 de la Constitución y señaló que problemáticas como la deforestación, la contaminación de cuencas y actividades industriales irregulares han generado daños a los recursos naturales.
También contempla sanciones para empresas
La iniciativa plantea que las empresas involucradas en la comisión del delito puedan enfrentar medidas como la suspensión de actividades hasta por 10 años, clausura definitiva, prohibición para operar y cancelación de concesiones.
En los casos en que una persona moral sea utilizada para cometer el ilícito, también se contempla la posibilidad de su disolución.
Otro de los puntos de la propuesta establece que la reparación del daño ambiental sea obligatoria e imprescriptible mientras continúen los efectos negativos sobre los ecosistemas. Esta reparación incluiría acciones de restauración, remediación, compensación ambiental y el pago de los daños ocasionados.
La iniciativa fue presentada ante la Cámara de Diputados y, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis. Por ello, las sanciones planteadas todavía forman parte del proceso legislativo.
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