Amenazas, riñas, acoso, daños a instalaciones y agresiones contra docentes forman parte de una violencia que permanece fuera de los registros oficiales en numerosos planteles educativos del país, debido al temor y la desconfianza de estudiantes, maestros y padres de familia para denunciar.
Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad, advirtió que la llamada cifra oculta de violencia puede alcanzar niveles elevados dentro de las escuelas. De acuerdo con su estimación, por cada caso que llega a hacerse público podrían existir entre 100 y 200 incidentes que no son reportados durante un ciclo escolar.
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El especialista señaló que entre las situaciones que pueden permanecer sin denuncia se encuentran amenazas, peleas entre estudiantes, acoso sexual, bullying, amenazas a través de medios digitales y daños a la propiedad.
También alertó sobre el ingreso de objetos que pueden utilizarse para agredir a otras personas, desde navajas hasta armas de juguete u otros artículos. En algunos casos, dijo, las agresiones también alcanzan a los profesores, quienes pueden ser golpeados o amenazados.
La violencia no se limita al interior de los planteles. Sánchez Valdés explicó que también pueden registrarse enfrentamientos en el exterior de las escuelas, así como ataques con piedras, palos y otros objetos contundentes que pueden provocar lesiones.
A estos hechos se suman daños a la infraestructura educativa y a bienes personales de maestros y directivos, incluidos sus vehículos.
El investigador señaló que uno de los factores que contribuyen a que estos casos permanezcan ocultos es que algunos profesores intentan resolver directamente los primeros conflictos entre alumnos o situaciones de falta de respeto hacia ellos, antes de recurrir a las autoridades.
Sánchez Valdés también expuso que existen docentes que prefieren guardar silencio por temor a enfrentar consecuencias laborales después de presentar una denuncia. Según explicó, cuando padres de familia o estudiantes presentan acusaciones, los maestros pueden ser separados temporalmente de sus funciones mientras se realizan las investigaciones, situación que puede representar una afectación económica.
En los casos donde los profesores reciben amenazas, agregó, algunos optan por no acudir ante las autoridades educativas y mucho menos ante el Ministerio Público, debido a la percepción de que los procedimientos pueden prolongarse y no llegar a una resolución.
El especialista consideró que esta falta de denuncias dificulta dimensionar realmente el problema de violencia que existe en los centros educativos, pues una parte importante de los incidentes queda fuera de las estadísticas.
La situación también refleja la necesidad de generar mecanismos de denuncia y atención que permitan a estudiantes, maestros y familias reportar agresiones sin temor a represalias y con la confianza de que los casos serán investigados.
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